Periodismo Mexicano Bajo Amenaza: Asesinatos, Impunidad y Restricciones a la Libertad de Expresión
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido una seria advertencia sobre la persistente violencia que enfrentan los comunicadores en México, subrayando que la impunidad por los crímenes cometidos contra ellos continúa siendo un factor de riesgo fundamental para la libertad de expresión en el país.
En su informe sobre la situación de la libertad de expresión, la organización detalló la trágica cifra de tres asesinatos de periodistas registrados recientemente. Entre las víctimas se encuentran Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, quien fue asesinado en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y un crítico de las autoridades, y Ricardo Zúñiga Rosas, un fotógrafo y creador de contenido, ultimado en agosto pasado también en Puebla.
La SIP, en colaboración con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha exigido investigaciones exhaustivas para los casos, con el objetivo de determinar si la actividad periodística de las víctimas pudo ser el móvil de los crímenes. El informe señala que existen otros tres homicidios documentados donde, hasta el momento, no se han identificado vínculos claros con la labor profesional de los fallecidos.
Además de los asesinatos, la SIP registró amenazas de muerte, agresiones físicas durante la cobertura de eventos y presiones para la supresión de información. Un caso particularmente preocupante ocurrió en Tamaulipas, donde dos periodistas denunciaron haber sido obligados por elementos de la Marina a borrar imágenes relacionadas con un presunto derrame de petróleo.
La preocupación se extiende al ámbito legal, con la alerta sobre el uso de herramientas jurídicas dirigidas a coartar la labor de la prensa. Se menciona específicamente la llamada ‘Ley Serrano’, una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que contemplaba penas de hasta seis años de prisión por el uso de inteligencia artificial para difundir noticias falsas o erosionar la confianza en las instituciones. Esta legislación, que generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos ante su potencial impacto en la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas. Si bien el Congreso estatal derogó la reforma en julio pasado, dos comunicadoras habían sido detenidas en mayo en el marco de la misma.
El informe también recoge las críticas suscitadas por los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el temor de que puedan generar interferencias en la libertad editorial de los medios. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado que estas disposiciones constituyan actos de censura.
Asimismo, se abordan los cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas, un señalamiento que el Ejecutivo ha negado, afirmando que no buscaba estigmatizar a los profesionales mencionados.
La SIP concluye reiterando que la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del periodismo en México. Los datos de la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras para 2026 reflejan esta problemática, ubicando a México en el puesto 122 de 180 países en materia de libertad de prensa, y en el lugar 160 en el indicador de seguridad.
