La periodista y activista Lydia Cacho se enfrentó virtualmente al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en una audiencia de vista donde lo señaló directamente como responsable de su tortura. Durante la intervención, Cacho solicitó a la Jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, la imposición de la pena máxima de 12 años contra Marín Torres por el uso del aparato de justicia.
«Usted es responsable por haberme torturado, los policías hablaban de usted y las órdenes que les iba dando por teléfono», afirmó Cacho, recordando que su tortura tuvo como objetivo silenciar su voz y las denuncias sobre abuso infantil contenidas en su libro “Los demonios del Edén”. La periodista reiteró la conexión entre Marín Torres y redes criminales, citando conversaciones que aluden a la orden de un «coscorrón» hacia ella.
Cacho cuestionó la huida de Marín Torres por casi dos años tras la orden de aprehensión en su contra, sugiriendo que su evasión se debió a su culpabilidad y conocimiento de una red de protección a la delincuencia organizada y trata de personas. La activista anunció que solicitará la reparación integral del daño, incluyendo una disculpa pública para ella y la sociedad poblana.
Por su parte, la defensa de Mario Marín, representada por Pamela de Jesús Ramírez Cruz, intentó desacreditar las pruebas, señalando la exoneración previa de José Kamel Nacif Borge y argumentando que las grabaciones telefónicas fueron obtenidas ilegalmente. Marín Torres, a través de su abogado, pidió su absolución y liberación, afirmando que no se ha comprobado su responsabilidad ni la legalidad de las pruebas.
La abogada de Lydia Cacho, Araceli Andrade Tolama, defendió la validez contextual de las grabaciones, calificando de «ingenuo» pensar que un gobernador emitiría órdenes explícitas de tortura por escrito. Ambas partes esperan que la Jueza emita su resolución en un plazo máximo de 60 días, aunque primero deberá resolverse un amparo promovido por la defensa de Marín Torres relacionado con su estado de salud y la prisión domiciliaria.
