La Fiscalía General de la República (FGR) ha afirmado que la suspensión definitiva concedida al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no significa el cese del proceso penal que se le sigue por su presunta implicación en delitos relacionados con el contrabando de combustibles. La institución enfatiza que Ruffo Appel se mantiene vinculado a proceso y que las investigaciones en su contra continúan vigentes.
“La suspensión otorgada no supone el fin del proceso penal para Ernesto ‘N’”, comunicó la FGR. La dependencia detalló que la medida judicial únicamente detiene de forma temporal el procedimiento tras la conclusión de la etapa intermedia. Por lo tanto, el juicio oral no podrá dar inicio hasta que se resuelva el recurso constitucional interpuesto por la defensa legal del exmandatario.
Dicha suspensión definitiva fue concedida el pasado 29 de octubre de 2026 por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México. La decisión se enmarca dentro del juicio de amparo 1085/2026, el cual fue promovido contra el auto de vinculación a proceso emitido el 23 de julio del mismo año.
Ernesto Ruffo Appel enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible, utilizando ferrotanques. La investigación está ligada a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es socio fundador y secretario del Consejo de Administración. Se le imputa a la compañía la participación en la importación ilegal de gasolina y diésel, lo que habría generado una presunta evasión fiscal con un daño estimado al erario público de 4 mil millones de pesos.
Actualmente, el exgobernador panista, de 74 años, lleva su proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Esta medida se cumple en su residencia de Ensenada, Baja California, tras haber permanecido dos meses y medio internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La FGR reitera su compromiso de continuar las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables.
