ASF: Más de 9 mil millones de pesos en el aire del gasto federal de 2025; municipios, con deuda de 5.2 mil millones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que más de 9 mil millones de pesos del gasto de 2025 se encuentran pendientes de aclaración. De esta cifra, un monto superior a los 5 mil 200 millones de pesos corresponde a recursos federales que 42 municipios no lograron justificar documentalmente.
Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, presentó la segunda entrega de informes individuales ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 30 de octubre. Dicha entrega comprendió 374 auditorías, de las cuales 286 se dirigieron a entidades federativas, 46 a instituciones federales y 42 a municipios.
«La fiscalización no puede limitarse solo a establecer observaciones. Debe contribuir a esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos», enfatizó Hernández Palacios. Es importante señalar que los montos reportados aún se encuentran en proceso de fiscalización y no representan desvíos de recursos comprobados por sí mismos.
En el ámbito municipal, la ASF revisó la totalidad de los recursos federales asignados a los 42 municipios incluidos en esta revisión, sin que estos pudieran acreditar su destino mediante documentación. La institución fiscaliza actualmente a más de mil 200 municipios y alcaldías, cuyos resultados se darán a conocer en febrero de 2027.
Ante la problemática de falta de documentación, especialmente en casos de cambios de administración, se propuso la creación de una plataforma donde los gobiernos salientes depositen la información de las cuentas públicas pendientes de revisión en servidores de la ASF. Asimismo, se advirtió que se procederá legalmente si se niega información para obstaculizar las auditorías.
A nivel federal, la ASF identificó 2 mil 327 millones de pesos observados entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. En el caso del Fondo, se detectaron movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados. Por su parte, la autoridad educativa tampoco acreditó el ejercicio correcto de los recursos.
Las revisiones a las entidades federativas arrojaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, con un enfoque principal en los sectores de educación y salud. Por otra parte, los gobiernos estatales han reintegrado más de mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, de los cuales 553 millones corresponden al sector salud. Entidades como Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California fueron mencionadas en relación a estos reintegros, aunque no se proporcionó un desglose detallado por estado.
Durante los primeros seis meses de su gestión, la ASF presentó 40 denuncias penales, incluyendo tres relacionadas con auditorías en curso. Entre los hechos denunciados se encuentran obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y el uso de documentos presuntamente falsos para simular el cumplimiento de cuotas de seguridad social. Adicionalmente, se promovieron 60 acciones para que el SAT y el IMSS investiguen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social por parte de proveedores contratados con fondos públicos.
En cuanto a la contratación de una plataforma para el examen de admisión de la UNAM, la ASF inició una investigación por posibles irregularidades. Se identificó a un secretario y un coordinador como servidores públicos involucrados, sin revelar sus nombres. El rector de la UNAM solicitó la intervención de la ASF y la universidad ha colaborado activamente en las indagaciones, según afirmó Hernández Palacios.
El titular de la ASF también anunció avances en la colaboración interinstitucional, incluyendo un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para el intercambio de información y la identificación de operaciones de riesgo. Se trabaja en propuestas de reforma constitucional para dotar a la ASF de facultades para sancionar directamente y agilizar la recuperación de recursos ejercidos de manera indebida, enfocándose no solo en el monto gastado, sino también en la identificación de beneficiarios y el destino final de los fondos.