Investigan presuntas irregularidades en contrataciones del INE; Guadalupe Taddei bajo escrutinio
La credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra bajo la lupa tras una investigación iniciada de oficio por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La pesquisa se centra en presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, afectando tanto al INE como a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y empresas privadas.
El origen de las sospechas recae en adjudicaciones directas por un monto superior a los 197 millones de pesos a empresas como Corporativo ZEG y Cajas Graf, encargadas de la producción de mamparas y urnas. Estas asignaciones ocurrieron tras la declaración de desierta de una licitación, y las firmas involucradas ya contaban con antecedentes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una investigación en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas.
Un detalle que ha generado particular controversia es que el apoderado legal de una de las empresas beneficiadas era, hasta hace poco, empleado del INE, adscrito a la presidencia del organismo. Ante la presión de los partidos políticos, que exigen explicaciones o una separación temporal del cargo de la presidenta Guadalupe Taddei mientras se desahogan las indagaciones, la respuesta institucional ha sido un intento por desmarcarse de la situación.
La presidenta Guadalupe Taddei ha declarado que el empleado en cuestión «jamás fue su chofer» y que su asignación era a la presidencia, pero negó cualquier relación personal. La defensa institucional ha apuntado que las licitaciones son competencia de áreas técnicas, que las empresas pertenecen a excolaboradores que ya no laboran en el instituto y que los involucrados declararon bajo protesta de decir verdad no tener conflictos de interés. El mensaje desde la presidencia del INE es que la institución es «mucho más grande que cualquier persona» y que el trabajo electoral continuará sin detenerse ante las críticas.
La situación genera dudas sobre la autoridad moral del INE para exigir transparencia a los partidos políticos, especialmente en un contexto donde el país ha pagado un alto precio por la pérdida de confianza en sus instituciones democráticas. La rendición de cuentas, se argumenta, es una obligación constitucional y no un favor, por lo que se exigen respuestas claras, deslindes con consecuencias y una transparencia que erradique cualquier sombra de duda sobre el árbitro electoral.