En un panorama donde el despojo de viviendas se ha convertido en una preocupación creciente, los datos del Poder Judicial de la Ciudad de México revelan una tendencia marcada: la aplicación de medidas cautelares menos punitivas en lugar de la prisión preventiva para los responsables de este delito. Entre 2019 y 2026, se dictaron 2 mil 741 medidas cautelares, de las cuales únicamente 232 correspondieron a la prisión preventiva justificada, lo que representa un escaso 8.5 por ciento.
La mayoría de las sanciones impuestas se dividieron entre la firma periódica ante una autoridad, que abarcó el 30.2 por ciento de los casos (828 instancias), y las restricciones de acercamiento o comunicación con las víctimas, representando el porcentaje restante. Esto significa que siete de cada diez despojadores lograron evitar la cárcel gracias a estas medidas precautorias.
El delito de despojo, a menudo perpetrado por redes criminales que pueden recurrir a la violencia y el amedrentamiento, experimentó un repunte significativo, impulsado en parte por las manifestaciones de víctimas que exigen resultados a las autoridades. La Fiscalía General de Justicia ha señalado que una de las tácticas recurrentes consiste en cambiar las cerraduras de las propiedades cuando los propietarios están ausentes.
El análisis de los datos judiciales también muestra que la prisión preventiva justificada alcanzó su punto álgido en 2023, con 110 casos, para luego disminuir a 91 en 2024 y a solo 24 en 2025. Las medidas como la firma periódica, que tuvo su mayor registro en 2022 con 323 casos, y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, con 657 resoluciones, son las predominantes en los fallos de los jueces de control.