La captura ocurrió en las inmediaciones de la colonia Misión de las Flores, donde agentes de investigación interceptaron a Manuel Jesús “N” y Mario Arturo “N”. Durante la intervención, además del señalamiento por fraude, les aseguraron hierba seca con características similares a la marihuana, sustancia cristalina parecida a la metanfetamina y un automóvil Nissan March con placas de Yucatán, ligado a una investigación iniciada en Benito Juárez.

De acuerdo con las indagatorias, ambos estarían relacionados con al menos dos carpetas por fraude derivadas de operaciones de compraventa de autos que, después de ser entregados a los compradores, terminaban involucrados en reportes de robo.

Uno de los casos se remonta al 29 de septiembre de 2023, cuando una víctima denunció haber comprado en 192 mil pesos un Nissan March modelo 2023. La unidad fue ofrecida en una plataforma digital por 200 mil pesos, pero la transacción se habría concretado mediante una identidad presuntamente usurpada.

La entrega se realizó en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida López Portillo, en Benito Juárez, junto con una supuesta factura endosada. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron las inconsistencias.

Las autoridades localizaron el 27 de marzo de este año un Nissan March blanco con los mismos números de serie y motor que el vehículo investigado, aunque con placas diferentes. La unidad estaba en Misión de las Flores y era conducida por Mario Arturo “N” al momento de su aseguramiento.

En el mismo operativo también fue detenido Manuel Jesús “N”, identificado como ex cuñado de la persona que aparecía como propietaria del automóvil. Según la línea de investigación, ambos mantenían relación familiar y uno de ellos incluso habría llamado previamente al 911 para reportar el supuesto hallazgo del vehículo, como parte de una presunta simulación.

La hipótesis de las autoridades es que los implicados ofrecían autos con documentación apócrifa, concretaban la venta y posteriormente las unidades eran reportadas como robadas, dejando a los compradores en una situación legal complicada y con pérdidas económicas.

Además, los dos detenidos también fueron señalados por otra víctima, quien los reconoció por su probable participación en la venta de un Ford Figo por 85 mil pesos. Ese vehículo contaba con reporte de robo y presentaba alteraciones en sus números de serie y motor, lo que reforzó las sospechas sobre la forma en que operaba este grupo.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar su situación legal en las próximas horas.

Durante dos días, el 21 y 22 de enero, se realizó en Playa del Carmen un taller de planeación estratégica, donde defensoras públicas y personal técnico del Instituto de Defensoría Pública trabajaron de la mano con asesoras del proyecto para trazar una hoja de ruta clara hacia una justicia más accesible, especializada e inclusiva para las mujeres del estado.

Entre las participantes destacaron Claudia Angulo Rojas, directora del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial, y Andrea Heisel, directora del proyecto PROFEMEX, quienes junto con un equipo multidisciplinario discutieron la conformación de un grupo técnico especializado, el diseño de las primeras acciones operativas del proyecto y la creación de un instrumento de evaluación para medir la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio.

Esta colaboración marca un paso importante en la transformación de los servicios judiciales en Quintana Roo, especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad, y se enmarca en los esfuerzos por construir un sistema de justicia más sensible, efectivo y con perspectiva de género.

Lejos de ser solo un acto institucional, este taller pone sobre la mesa problemas reales, como la falta de confianza en los servicios jurídicos o las barreras estructurales que enfrentan las mujeres al buscar justicia, y abre la puerta a soluciones prácticas con apoyo internacional.

Según los reportes, los hombres exigían al restaurante un pago mensual de 40 mil pesos a cambio de “protección” y el permiso para vender drogas dentro del establecimiento, bajo la amenaza de disparar contra el lugar si no cumplían sus demandas.

Los señalados, identificados como Luis Enrique “N”, Emilio “N” y Gilberto “N”, llegaron al restaurante para plantear sus exigencias de manera intimidante. Además de pedir el dinero, dejaron una nota con un número telefónico para que el propietario se comunicara con ellos, consolidando así el contacto para la extorsión.

Justicia contra extorsionadores

Tras ser detenidos, las autoridades presentaron las pruebas necesarias para que un juez los vinculara a proceso. Como medida preventiva, los tres permanecerán en prisión mientras se desarrolla el juicio, garantizando que no representen un riesgo para la comunidad ni para la víctima.