Una publicación periodística ha puesto el foco sobre presuntas irregularidades al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), con señalamientos directos hacia la consejera presidenta Guadalupe Taddei por supuestamente proteger a una funcionaria que habría dejado de cumplir sus responsabilidades. Se trata de Anayanci Bravo Urquidi, quien fungía como subdirectora de Información en la Coordinación Nacional de Comunicación Social.
Según la información, Bravo Urquidi habría incurrido en abandono de funciones sin que se aplicaran medidas disciplinarias. Se reporta que en dos ocasiones, en agosto del año pasado y posteriormente en enero de 2026, se le solicitó la renuncia, peticiones que, al parecer, no tuvieron eco hasta que finalmente dejó su cargo a mediados de septiembre. Su plaza habría sido ocupada por Diego Pinto, originario de Sonora.
La publicación detalla que hasta el pasado septiembre, el nombre de Bravo aún aparecía en el portal del INE como colaboradora, con un sueldo mensual de 97 mil pesos, a pesar de llevar un año sin colaborar activamente en el área. A Anayanci Bravo Urquidi también se le ha responsabilizado por fallas en el servicio de internet durante la cobertura mediática del segundo debate presidencial de 2024 y por presuntamente obstaculizar el acceso a medios durante una conferencia del PRI en junio de este año.
Estos hechos se dan en un contexto de cambios en la estructura del INE, como la modificación al reglamento aprobada por la Cámara de Diputados que permite a la presidenta designar directamente a los directores de área, un proceso que antes requería consenso entre los consejeros. En este sentido, la consejera Carla Humphrey ha manifestado su preocupación, señalando que la corresponsabilidad en los nombramientos ha cedido ante la autoridad de una sola persona.
Adicionalmente, la investigación menciona la renuncia de Jesús Octavio García a la dirección de administración tras conocerse que fungió como representante legal de una empresa proveedora del INE. También se apunta a la asistencia de Iliana Hernández, titular de la Unidad de Género, y José Alfredo Pérez de Acha, director de Informática, a eventos organizados por Alfredo Hernández Casillas, propietario de compañías que han recibido contratos millonarios del organismo electoral.
Esta nota se basa en información publicada por el medio Diario Cambio 22.
