La principal central sindical de Portugal, la Confederación General de Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), ha emitido una fuerte crítica ante el desmantelamiento violento de los campamentos establecidos en Lisboa y Oporto, calificando las acciones como una «acción represiva».
Según el sindicato, el ejecutivo portugués, en lugar de abordar las problemáticas que aquejan al país, estaría implementando una política orientada a restringir las libertades ciudadanas, particularmente el derecho a la manifestación. La CGTP-IN denuncia una «interpretación restrictiva» de la ley que no se había visto en las últimas cinco décadas y que, a su juicio, contraviene los derechos constitucionales.
La organización sindical ha ampliado su crítica al gobierno, señalando que sus políticas actuales agravan la situación de trabajadores, jóvenes y jubilados, al tiempo que se niegan derechos y se fomenta la explotación en beneficio del gran capital. Se resalta la creciente preocupación de la población, especialmente la juventud, ante la dificultad de acceder a una vivienda, un derecho fundamental que se ve negado.
Los desalojos, ocurridos durante la madrugada en el centro de Lisboa y Oporto, habrían dejado como saldo decenas de personas heridas, según informaciones recopiladas.
