César Jáuregui Moreno, quien fungió como fiscal general de Chihuahua, ha sido vinculado a proceso por su presunta implicación en el delito de traición a la patria. La acusación se relaciona con la autorización de la presencia de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante un operativo antidrogas en la sierra de Chihuahua en abril pasado.
La resolución fue dictada en la madrugada del domingo por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez determinó un periodo de dos meses para la investigación complementaria y ratificó la medida de prisión preventiva, por lo que el exfuncionario permanecerá recluido en el penal del Altiplano.
La audiencia, que se extendió por aproximadamente nueve horas y se llevó a cabo en privado a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), incluyó la presentación de más de 150 elementos de prueba por parte de la dependencia. La defensa de Jáuregui Moreno anunció su intención de impugnar la vinculación a proceso, argumentando la falta de elementos suficientes para sustentarla.
El ex fiscal podría enfrentar una pena de entre cinco y 40 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Ante esta situación, su defensa ha manifestado que evaluará la posibilidad de optar por un procedimiento abreviado, lo que implicaría admitir la culpabilidad y podría resultar en una reducción de hasta un tercio de la condena.
La investigación federal se centra específicamente en la autorización dada para la incursión de los agentes estadounidenses en el operativo que buscaba desmantelar un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Este proceso federal es independiente de otra vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público que Jáuregui Moreno enfrenta en el fuero local de Chihuahua, aunque ambos casos se derivan del mismo operativo entre el 17 y 19 de abril de este año.
Recientemente, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre una solicitud de reunión por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en la que esta última habría acusado al ex fiscal de presuntos actos de corrupción vinculados a casinos y prestanombres. Estas declaraciones habrían abierto nuevas líneas de investigación federal.
Los testimonios recabados para la investigación federal incluyen declaraciones de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participaron en el despliegue. Uno de los policías relató haber observado a dos personas extranjeras encapuchadas y vestidas de civil, quienes no hablaban español y viajaban en la camioneta del entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien falleció en un accidente vehicular posterior al operativo junto con dos agentes estadounidenses y un escolta estatal. Otro agente también declaró haber visto a personas sin uniforme y encapuchadas conversando al frente del convoy.
