Los datos de la Intercensal 2025 exponen una realidad preocupante en el sistema de salud mexicano: mientras la población envejece y sus necesidades médicas aumentan, la cobertura pública se muestra insuficiente. Actualmente, tres de cada diez mexicanos, lo que se traduce en más de 32 millones de personas, no cuentan con afiliación a ningún servicio de salud. En un lapso de cinco años, esta cifra se ha incrementado en más de 2.5 millones de individuos.
Un aspecto revelador de la investigación es dónde encuentran atención médica los ciudadanos. De los más de 127 millones de mexicanos que requieren cuidados de salud, un considerable 33.3 por ciento acude a servicios privados, ya sean consultorios de farmacia, clínicas u hospitales privados. Esta proporción es casi idéntica a la que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende al 33.9 por ciento de la población.
Esto significa que aproximadamente un tercio de los mexicanos resuelve sus necesidades de atención médica fuera de las instituciones públicas, a pesar de la considerable infraestructura sanitaria construida con fondos públicos en el país. La situación se agudiza al observar a la población sin seguridad social, quienes dependen de clínicas y hospitales ahora bajo la responsabilidad del IMSS-Bienestar. Estas instalaciones atienden a cerca de una cuarta parte de la población, a pesar de que su población objetivo abarca a casi la mitad del país, unos 65 millones de personas.
Esta paradoja, donde millones de personas necesitan atención, existe infraestructura pública para brindarla y aun así una gran proporción recurre al sector privado, tiene consecuencias directas en los hogares. Consultas, estudios, medicamentos u hospitalizaciones que deberían ser cubiertos por la red pública se transforman en gastos que las familias deben asumir.
El problema se proyecta a futuro, ya que México está experimentando un envejecimiento poblacional, lo que inevitablemente incrementará la demanda de servicios médicos y ejercerá mayor presión sobre el sistema. La discusión, por lo tanto, trasciende el número de afiliados a instituciones y debe centrarse en si el Estado está garantizando el acceso a todos sus servicios de salud para todos los mexicanos.
La situación actual sugiere que no es así, evidenciando la necesidad de una reforma integral que erradique la fragmentación del sistema. Dicha reforma debería permitir la atención en cualquier centro con capacidad disponible, sin importar la afiliación del paciente, establecer mecanismos de referencia y contrarreferencia eficientes, brindar acompañamiento financiero a los pacientes, homologar condiciones laborales y consolidar toda la infraestructura pública como una red nacional de atención.
La Intercensal 2025 no solo cuantifica la afiliación a servicios de salud, sino que pone de manifiesto cómo el sistema público está dejando vacíos que las familias se ven forzadas a cubrir por sí mismas. El análisis subraya la urgencia de construir un verdadero sistema de salud nacional, más allá de reformas institucionales puntuales.