Víctor Hugo Carvente Contreras, quien encabeza el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), ha informado sobre la imputación formal de cinco servidores públicos del instituto. Las acusaciones radican en faltas administrativas graves, específicamente por conflicto de interés y el ocultamiento de dicha situación.
Durante una reunión de trabajo con comisiones de la Cámara de Diputados, Carvente Contreras precisó que el OIC ha integrado cerca de 18 expedientes por diversas irregularidades detectadas en el INE. De estos, 13 se encuentran todavía en fase de investigación, mientras que cinco ya han iniciado procedimientos de responsabilidades administrativas.
«Cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa», afirmó el funcionario ante los legisladores. Señaló que en estos cinco casos se ha emitido la citación para la audiencia inicial, lo que formaliza la imputación.
El proceso, explicó, inicia con el emplazamiento por parte del OIC. Una vez concluida esta etapa, los expedientes se remiten al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que asume la competencia para admitir y desahogar pruebas, abrir un periodo de alegatos y finalmente emitir una resolución.
Adicionalmente, el contralor del INE reveló la detección de un presunto esquema de simulación de competencia entre cinco empresas proveedoras que comparten representantes legales y socios. Estas compañías habrían recibido contratos por un monto de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Las empresas señaladas son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Se mencionó que Seriplast de México fue uno de los principales proveedores durante la administración anterior del INE. Estas empresas también han mantenido relaciones contractuales con al menos 20 Organismos Públicos Locales Electorales.
«Estamos en un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas», aseveró Carvente Contreras, identificando a José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas como representantes legales comunes entre estas compañías.
El contralor también confirmó la inhabilitación y sanción económica impuestas a la empresa Bell-Krom por incumplir un contrato relacionado con la entrega de chalecos. La compañía debía entregar 25 mil 302 piezas, pero solo pudo entregar 7 mil 267, dejando pendientes 18 mil 35.
Carvente Contreras apuntó que los contratos que han sido objeto de difusión pública representan solo el 4 por ciento del total de contrataciones del INE, destacando la necesidad de fiscalizar el 96 por ciento restante.
La comparecencia se produjo en un contexto posterior a la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, quien enfrentó señalamientos por un presunto conflicto de interés debido a su relación con José Alfredo Hernández Casillas, identificado como contratista del instituto.
