La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado la existencia de presuntos esquemas de desvío y triangulación de recursos públicos en los estados de Nuevo León y Sinaloa. La información fue dada a conocer por el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la presentación de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.
Las investigaciones señalan la implicación de contratos públicos, empresas vinculadas a familiares de servidores públicos, transferencias entre compañías y movimientos de recursos hacia particulares. Hernández Palacios Cardel detalló que se identificaron «esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos».
En el caso de Nuevo León, el Gobierno estatal habría realizado transferencias millonarias a diversas empresas, incluyendo comercializadoras, constructoras y consultorías. Una de las operaciones de mayor cuantía involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones de pesos a otra compañía. Adicionalmente, se detectó un movimiento de 385.3 millones de pesos relacionado con un despacho jurídico en esta misma transacción. En otro esquema, una comercializadora recibió 964 millones de pesos y transfirió 237 millones de pesos a una empresa de alimentos fundada por un funcionario y un familiar, la cual a su vez trasladó 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico, que aparece vinculado con transferencias totales por 728.13 millones de pesos.
Respecto a Sinaloa, la ASF expuso un esquema donde una constructora, constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, recibió contratos de obra pública. La empresa habría concentrado depósitos superiores a los montos contratados y realizado transferencias internas, para luego mover recursos a dos personas físicas no identificadas. Estas personas efectuaron pagos millonarios a un ex funcionario de Finanzas bajo el concepto de «pago préstamo».
Hernández Palacios Cardel enfatizó que estos hallazgos son resultado de las facultades otorgadas por el Congreso de la Unión, las cuales han permitido realizar investigaciones concretas, preservar pruebas y promover acciones legales, impulsando así una transformación institucional.
