A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la presencia de militares y la violencia ejercida por agentes del Estado continúan resonando en la memoria colectiva, al igual que en la masacre de Tlatelolco. La noche del 26 de septiembre de 2014, la localidad de Iguala, Guerrero, fue escenario de ataques coordinados por policías municipales, estatales y federales, coludidos con la organización criminal Guerreros Unidos, contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La versión oficial inicial, denominada «verdad histórica», intentó atribuir los hechos a policías locales, pero investigaciones posteriores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) han puesto en entredicho esta narrativa, señalando la complicidad de autoridades de todos los niveles.
Uno de los aspectos más debatidos ha sido el rol del Ejército. El GIEI ha documentado que el Batallón 27 de Infantería poseía información en tiempo real de los acontecimientos, que personal de inteligencia militar estuvo presente en los puntos de ataque y que incluso un soldado se encontraba infiltrado entre los estudiantes desaparecidos. Las investigaciones sugieren que el Ejército pudo haber ocultado información y que mandos de los batallones 27 y 41 estarían vinculados con Guerreros Unidos, lo que llevó al GIEI a solicitar la reactivación de órdenes de captura contra militares en 2023. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha negado estas acusaciones, y en 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deslindó a los militares de responsabilidad en su recomendación 208VG/2026.
La presencia y el posible papel del Ejército en Ayotzinapa son relevantes por varias razones. Debilita la idea de que el suceso fue un problema de corrupción policial local, calificándolo la COVAJ como un crimen de Estado. Además, si las acusaciones del GIEI se confirman, cuestionarían la premisa de que las Fuerzas Armadas, a diferencia de las policías, no están coludidas con el crimen organizado, una justificación recurrente para la militarización de la seguridad pública. Finalmente, evidencian la dificultad para exigir transparencia a una institución que controla su propia información, como lo demostró la negación inicial de la Sedena sobre la existencia de documentos cruciales.
Sorprendentemente, pese a las críticas y el aumento del papel del Ejército en la seguridad pública, la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas se mantiene alta. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi, en 2014, un 80.7% de los mexicanos confiaba en el Ejército. Tras una leve caída en 2015, la cifra se recuperó a 80.4% en 2019, niveles que superan consistentemente a la confianza depositada en fiscalías, jueces, ministerios públicos y policías, cuyos porcentajes rara vez alcanzan el 60%.
La percepción de corrupción también favorece a los militares. En 2026, menos del 30% de la población consideraba corruptos al Ejército y la Marina, frente a más del 60% en el caso de jueces, ministerios públicos y policías locales. Si bien la confianza varía regionalmente, con estados como Guerrero y Chihuahua mostrando menores niveles (entre 74% y 77%) y Nuevo León el más alto (86.8%), la tendencia general es de alta aprobación. De hecho, en 2026, un 85.5% de los encuestados consideró «muy efectivo o algo efectivo» el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Esta aparente desconexión entre la falta de resultados tangibles en seguridad y la alta confianza ciudadana se puede explicar, en parte, a través del concepto de «populismo punitivo». Esta estrategia, según análisis recientes, responde a la percepción generalizada de inseguridad, corrupción e impunidad, ofreciendo soluciones de «mano dura» a corto plazo que, si bien son políticamente populares, no abordan las causas profundas de la delincuencia y pueden incrementar el riesgo de abusos y violaciones de derechos humanos. Ante la inseguridad persistente y la desconfianza en otras instituciones, los militares se presentan como la opción más fiable, un rol que ha pasado de ser extraordinario en 2006 a estar institucionalizado, con la Guardia Nacional ahora bajo el mando de la Sedena desde 2024.
A 12 años de Ayotzinapa, la memoria es crucial, pero insuficiente. La persistencia de la conmemoración de tragedias como Tlatelolco y Ayotzinapa, junto al respaldo a la militarización de la seguridad, revela una tensión en la cultura política mexicana. Para evitar la repetición de estos eventos, es fundamental fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, la supervisión civil y el escrutinio público de las fuerzas de seguridad.
