El Ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha presentado los detalles iniciales de un proyecto de ley diseñado para salvaguardar a las grandes compañías inmobiliarias de posibles expropiaciones. Esta iniciativa surge como respuesta a la propuesta del partido La Izquierda, que busca nacionalizar viviendas en Berlín si logra formar gobierno tras su victoria en las elecciones regionales de septiembre.
Dobrindt, perteneciente a la coalición conservadora, declaró al tabloide Bild que la futura Ley de Protección de Inversiones dejará claro que las «nacionalizaciones arbitrarias» no son compatibles con la Constitución alemana. Según explicó el ministro, el proyecto se basará en tres pilares fundamentales.
En primer lugar, se establecerá que cualquier compensación económica por una expropiación deberá estar alineada con el precio de mercado actual, determinado mediante peritaje. En segundo término, el pago de esta indemnización deberá ser en efectivo y efectuarse de manera inmediata. Finalmente, se exigirá la demostración de una necesidad imperiosa para llevar a cabo la expropiación, probando que todas las demás alternativas para abordar, por ejemplo, la crisis de vivienda, se han agotado.
La Izquierda se encuentra en negociaciones con el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes para conformar una alianza de gobierno en Berlín. Los preliminares acuerdos incluyen la potencial expropiación de alrededor de 150.000 viviendas propiedad de grandes inmobiliarias privadas. Sin embargo, el partido estima una indemnización cercana a los 16.000 millones de euros, una cifra considerablemente inferior al valor de mercado calculado por expertos.
Luigi Pantisano, uno de los líderes de La Izquierda, respondió a las declaraciones de Dobrindt, recordando que los ciudadanos de Berlín han respaldado la medida de expropiación en dos ocasiones: a través de una consulta popular en 2021 y con la reciente victoria electoral. Pantisano criticó al gobierno de Friedrich Merz, afirmando que priorizan los intereses de los accionistas de inmobiliarias como Vonovia sobre los de los inquilinos en Berlín. Además, aseguró que un proyecto de ley como el propuesto por Dobrindt probablemente sería declarado inconstitucional por los tribunales.
