Mexicanos buscan eSIM extranjeras ante la entrada en vigor del registro de celulares con CURP
La política de seguridad pública implementada en México, que exige el registro de líneas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial, ha generado que miles de usuarios busquen alternativas para evitar la suspensión de sus servicios. Ante la llegada de nuevas fechas límite para la vinculación de chips, específicamente aquellos terminados en 5 que vencen el 31 de octubre, los suscriptores de telefonía móvil en el país evalúan opciones para mantener la conexión a internet.
El proceso de registro y depuración de padrones se lleva a cabo de manera escalonada. Los operadores de telefonía móvil, como Telcel, Movistar, AT&T y Bait, han intensificado las alertas dirigidas a los titulares de líneas que se encuentran en riesgo de suspensión. Si los usuarios no completan el trámite, ya sea de forma presencial en centros de atención o a través de los portales oficiales, sus líneas experimentan restricciones progresivas que pueden culminar en la desconexión total de datos móviles, con la excepción de los servicios de emergencia.
La medida, cuyo objetivo oficial es combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, busca desarticular redes delictivas que operan desde líneas anónimas. Al vincular cada tarjeta SIM a la identidad de un ciudadano, se pretende cerrar espacios de opacidad. No obstante, la iniciativa ha reavivado debates sobre la privacidad de los datos personales, recordando el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional en 2022 por afectar el derecho a la privacidad.
Como respuesta a la obligatoriedad del registro y la preocupación por la centralización de datos, una parte de los usuarios ha recurrido al uso de tarjetas SIM virtuales (eSIM) de operadores internacionales. Estas eSIM permiten contratar planes de datos móviles a través de perfiles digitales descargados en smartphones compatibles y operan mediante acuerdos de itinerancia en territorio mexicano. Al no estar asociadas a contratos locales ni requerir la CURP para su activación inicial en plataformas globales, se presentan como una opción para mantener la conectividad. Sin embargo, especialistas advierten que estas soluciones suelen tener costos más elevados por gigabyte y carecen de numeración local tradicional para llamadas de voz en México.
La situación también ha impulsado la interposición de recursos legales. Despachos jurídicos han promovido juicios de amparo argumentando que la suspensión de un servicio básico como las telecomunicaciones contraviene el artículo 6° constitucional. Aunque los tribunales federales presentan criterios divididos, la efectividad de estas vías legales dependerá del análisis específico de cada caso.