Alerta en Jalisco: Disparan desapariciones de adolescentes, apuntan a reclutamiento forzado
La preocupación por la desaparición de adolescentes en Jalisco y otros estados del Pacífico ha escalado, con investigadores advirtiendo sobre un aumento significativo del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera como un proveedor de efectivos para el conflicto armado que sostienen facciones del Cártel de Sinaloa.
El análisis de fichas de desaparición de varones adolescentes durante 2024 y 2025, cruzado con información de colectivos de búsqueda y prensa, revela una concentración de víctimas en la ruta que va de Michoacán a Baja California. Ramírez describe el reclutamiento como un fenómeno en rápida mutación: más intenso, indiscriminado y coercitivo, con adiestramientos breves y movilidad constante. Este accionar no solo involucra al CJNG, sino también a otros grupos criminales afines.
El descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, presunto campo de adiestramiento del CJNG y centro de exterminio, evidenció que los jóvenes reclutados forzosamente eran trasladados desde Jalisco a estados como Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, para ser entrenados o participar en confrontaciones.
Víctor Manuel González Romero, autor del portal Desaparecidos en Jalisco, reportó que la desaparición de adolescentes en la entidad se incrementó 140 por ciento entre 2019 y 2026, pasando de 734 a 1,764 víctimas. Las edades de 15, 16 y 17 años son las más afectadas, con un promedio diario de 1.2 desapariciones de menores de edad. Destaca que el 46.4 por ciento de las mujeres desaparecidas hasta octubre de 2026 eran menores de edad.
A nivel nacional, el grupo de 15 a 19 años se convirtió en el más afectado por desapariciones en el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum, representando el 16.2 por ciento del total. En Jalisco, hasta finales de septiembre, se reportaban 16,247 personas desaparecidas, de las cuales el 89 por ciento eran hombres. A nivel nacional, la cifra ascendía a 130,729 víctimas.
En respuesta, la Cámara de Diputados aprobó en octubre pasado tipificar el reclutamiento forzado en la Ley General de Trata de Personas, con penas de 10 a 20 años de prisión, que podrían aumentar. Sin embargo, organizaciones como Tejiendo Redes Infancia consideran limitada la reforma por no establecerlo como un delito autónomo en el Código Penal Federal y no garantizar la protección de las víctimas ni la investigación de redes criminales.
Jorge Ramírez enfatiza que, si bien la tipificación es un avance, los cambios legislativos son insuficientes ante la necesidad de nuevos reclutas por los conflictos entre cárteles y la incertidumbre generada por políticas migratorias y anticrimen. Las campañas de disuasión focalizadas y un posicionamiento oficial contundente son urgentes, así como un diagnóstico que se centre en desarticular a las organizaciones criminales, en lugar de culpar a las víctimas o sus familias.
