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Familias de bebés fallecidos en IMSS Durango exigen justicia, no acuerdo reparatorio

Las familias de los cinco bebés fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango han dejado claro que, por el momento, no buscan un acuerdo reparatorio ni una negociación económica con el Instituto. Su principal exigencia es que se aclare qué sucedió con sus hijos y, de existir responsables, que se les aplique la justicia.

Ante versiones que sugerían un ofrecimiento de reparación del daño por parte del IMSS que habría sido rechazado, el presidente de la Barra de Abogados de Durango desmintió tales afirmaciones, señalando que hasta la fecha el Instituto no ha presentado ninguna propuesta de esta naturaleza a las familias.

El abogado de los dolientes, Fermín Flores Ayala, ha indicado que la principal línea de investigación ante el Ministerio Público se centra en el presunto homicidio culposo con responsabilidad profesional médica por parte del personal del IMSS en Durango. Sin embargo, se mantienen abiertas otras posibles conductas que la autoridad determinará con base en las pruebas y peritajes.

Los representantes de las familias insisten en que el caso no debe limitarse a la presencia de la bacteria _Klebsiella pneumoniae_, identificada en cuatro de los cinco recién nacidos. La pregunta fundamental que plantean es sobre lo ocurrido durante la atención médica y si hubo errores u omisiones que pudieran haber contribuido a las trágicas muertes.

El homicidio culposo contempla figuras como el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, pero, según explicó Flores, estas posibilidades legales no han sido planteadas en este caso concreto. Las familias, tras una reunión con Zoé Robledo, director general del IMSS, mantienen sus denuncias y esperan el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, la cual ya ha identificado personas dentro de la carpeta de investigación, aunque sus nombres y situación jurídica aún no se han dado a conocer.

Mientras las investigaciones continúan, la exigencia de las familias de saber qué pasó y quién es responsable, si lo hubo, prevalece, sin que exista por ahora una negociación económica confirmada entre el IMSS y los deudos.

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