La 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá, Colombia, del 22 al 25 de octubre de 2026, ha emitido una seria advertencia sobre el creciente deterioro de la libertad de prensa en América Latina. El principal foco de preocupación reside en la persistente impunidad ante los crímenes contra comunicadores y la violencia generalizada que sufren, factores que socavan las garantías para ejercer el periodismo y, en consecuencia, restringen el derecho a la información de las poblaciones.
Durante los debates, especialistas de México, Colombia y Perú, junto a figuras como Roberto Rock, director de La Silla Rota, Sofía Jaramillo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Adriana León del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, y Pedro Vaca, exrelator de libertad de expresión, subrayaron que la falta de investigaciones exhaustivas y sanciones efectivas contra los responsables de ataques a periodistas fomenta la autocensura. Esta situación deja a comunidades enteras desinformadas sobre asuntos de interés público.
La violencia contra los periodistas se mantiene como una de las amenazas más graves en el continente. En México, los asesinatos de comunicadores y los casos sin esclarecer continúan encendiendo las alarmas sobre las condiciones laborales y de seguridad para ejercer la profesión. Colombia, por su parte, acumula 172 periodistas asesinados desde 1977, con casos emblemáticos como los de Guillermo Cano y Gerardo Bedoya, que llevan décadas sin una resolución judicial completa. No obstante, en Colombia se han observado avances, como la incorporación del enfoque de la censura como posible móvil de estos crímenes.
La situación en Perú también presenta desafíos significativos, con cuatro comunicadores asesinados en 2025 en un contexto de violencia ligada al sicariato y economías ilegales. Las redes criminales han logrado penetrar estructuras de poder a nivel local y nacional, dificultando la cobertura de temas sensibles y elevando los riesgos para los periodistas. Estas circunstancias han propiciado la emergencia de lo que se denominan «zonas de silencio informativo» en el país.
La represión y las restricciones a la prensa independiente también son palpables en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, obligando a muchos periodistas a trabajar desde el exilio o a enfrentar constantes amenazas y persecución. El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló en su discurso de apertura que el debilitamiento de la libertad de prensa no se restringe a naciones con instituciones frágiles, sino que se extiende a democracias consolidadas a través de ataques públicos, presiones judiciales y limitaciones en el acceso a información oficial.
Los panelistas coincidieron en que la defensa de la libertad de expresión trasciende el ámbito gremial, siendo una condición fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
Esta nota se basa en la información publicada por Diario Cambio 22.